Hasta hace poco, los pueblos indígenas no contaban con instrumentos internacionales específicos para la protección de sus derechos. Además de la invisibilización social, cultural y jurídica que aún siguen experimentando a lo largo del mundo, uno de los obstáculos para que este reconocimiento se diera tiene que ver con la ausencia de una definición general y unánime sobre la definición de “pueblo indígena”. De hecho, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en la Asamblea General y ratificada por la mayoría de los Estados miembros en 2007, no se expresa un acuerdo frente a esta categoría.
Sin embargo, retomando los expuesto en espacios internacionales, como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, es posible destacar algunos puntos que dan claridad. Por ejemplo, como lo establece el folleto informativo de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos Indígenas, el principal criterio de reconocimiento es la autoidentificación de los propios pueblos como indígenas. Esto, en relación con la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus prácticas ancestrales y sus identidades étnicas de acuerdo con sus propios marcos culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales; de fortalecer los vínculos con los territorios y los recursos naturales desde sus propias cosmogonías; de mantener la autonomía de sus prácticas sociales, culturales, económicas y políticas frente a las hegemonías nacionales; y de transmitir y usar cotidianamente sus lenguas.
Gracias a este reconocimiento, los derechos de los pueblos indígenas se han ido posicionando en la agenda internacional.
Derechos de los pueblos indígenas: marco internacional de derechos
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es un avance fundamental en la progresividad de los derechos humanos y ha permitido que en los últimos 30 años se profundice y amplíe el conocimiento sobre sus necesidades y demandas particulares. Esto ha sido posible, en gran parte, gracias a la creación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en 1982, que tiene dentro de sus funciones más importantes la recopilación de información asertiva para la elaboración de políticas que protejan de manera efectiva sus derechos.
Este Grupo, que cumple sus funciones a través del Consejo de Derechos Humanos y coopera con instancias como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, fue fundamental para la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en 2007, que vincula la protección de los derechos humanos con los pueblos indígenas y sus situaciones concretas, “lo cual contribuye a enmendar su exclusión histórica del sistema jurídico internacional” (Naciones Unidas, 2013, Pág.1).
Este marco funciona como hoja de ruta para que los Estados establezcan dentro de sus prioridades asuntos primordiales para los pueblos indígenas, como la libre determinación; el derecho a las tierras, territorios y recursos; los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos colectivos; y el derecho a la igualdad y la no discriminación. Los anteriores se especifican de la siguiente manera:
- Libre Determinación: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a establecer libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
- Derecho a las tierras, territorios y recursos: “reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, incluidos los que han poseído tradicionalmente, pero en la actualidad están controlados por otros, de hecho, o de derecho”.
- Derechos económicos, sociales y culturales: “se afirman los derechos de los pueblos indígenas a la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la seguridad social y un nivel de vida adecuado”.
- Derechos Colectivos: “Los derechos de los pueblos indígenas tienen, por definición, carácter colectivo. Dicho de otro modo, se confieren a individuos indígenas que se organizan en pueblos”.
- Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación: “los pueblos indígenas, a título colectivo e individual, tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos”
Dicho esto, los Estados pactan su compromiso con todos los ejes transversales de derechos, que no solo competen a los pueblos indígenas, sino a toda la población. Esto es fundamental para Iberoamérica, dada la importante población indígena que existe en múltiples países de la región y el creciente compromiso público con la protección de los derechos.
Pueblos indígenas en Iberoamérica: cifras
En el mundo habitan más de 5.000 pueblos indígenas; es decir, 370 millones de personas (Ayuda en Acción, 2018) que representan el 5% de la población mundial. En Iberoamérica son 35 millones, es decir, cerca del 10% del total de la población indígena en el mundo. Por ello, es fundamental conoces los avances y los desafíos que enfrenta la región en torno a la protección de sus derechos, con el finde establecer una agenda asertiva que responda a las necesidades concretas de la región.
Para hacerlo, se pueden retomar los datos del Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPP), gestionado por la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE) en conjunto con el Fondo Indígena. Por otro lado, los datos mundiales oficiales se pueden traer de reportes del Banco Mundial.
Primero, cabe destacar que el país con más pueblos indígenas en Iberoamérica es Bolivia (representan el 41% de la población), seguido de México (representan el 15%) y de Panamá (representan el 12%). La media regional es del 4% y uno de los países con menos población indígena es Brasil (donde representan el 1% de la población).
Así mismo, se puede afirmar que existe una tendencia al crecimiento de poblaciones indígenas en la región debido a los niveles reflejados en la Tasa Global de Fecundidad (TGF) -promedio de niños que nacerían de una mujer durante su vida fértil-. La TGF global del 2016, presentada por el Banco Mundial, refleja que, para ese año, la cifra de fertilidad es de 2,4 nacimientos por mujer en un estándar de medición global. En Iberoamérica, este valor es ligeramente mayor, alcanzando 3,5 nacimientos por mujer en edad fértil.
Sin embargo, contrario a ello, los pueblos indígenas experimentan alarmantes tasas de mortalidad infantil -número de defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de su vida-. En el promedio mundial general, para el año 2015, la media de defunciones era de 7,6 por cada 1000 nacimientos. En Iberoamérica, para los pueblos indígenas, esta cifra aumenta a 23,02. En este respecto, encontramos un importante desafío para la región en términos de protección de derechos.
Otro de los indicadores que vislumbran el acceso a derechos básicos de la población indígena, es la Tasa de Analfabetismo -porcentaje de la población que no sabe leer o escribir-. El porcentaje del Grupo por Edad de jóvenes analfabetos/as es de 5,86%, de 15 a 24 años, y de 12,67%, 25 a 49 años. Una cifra mucho menor respecto al promedio de alfabetización mundial para 2015, que era del 13,8%.
Para ampliar el panorama de acceso a la educación, es importante analizar el índice de porcentaje de jóvenes (15-19 años) que finalizan la primaria. En la región, en promedio, 80,7% de personas indígenas finalizan la primaria; asimismo, el promedio de años de escolaridad indígena en las edades de 15 a 24 años es de 8 años, y de las edades de 25 a 49 años es de 7 años, por lo que puede verse que, tras la culminación de los primeros años de escolaridad, hay un gran desafío en aspectos de acceso a educación secundaria y terciaria.
En adición, se encuentran los datos de la Tasa de Participación Económica -mide el grado de participación de la población mayor de 15 años en el mercado de trabajo-. Respecto a esto, la Tasa regional es 61,7%. Respecto a los pueblos indígenas, el promedio en las edades de 15 a 24 años es de 45% y entre 25 a 34 años es de 67,2%, con un margen de desafío de 32,8%.
Finalmente, es importante mencionar la garantía de los servicios básicos de vivienda. Alrededor de un 22% de viviendas indígenas se encuentran en situación de hacinamiento, el 31% tienen abastecimiento de agua inadecuado, y alrededor de un 47% tienen servicios sanitarios deficientes. Estas altas cifras presentan un llamado de atención a focalizar prioridades en aspectos que son de mayor sensibilidad en las comunidades, y elaborar marcos de acción que ayuden a combatir esta vulneración de derechos en la región.
Entendiendo los múltiples desafíos anunciados y priorizando las particularidades de los pueblos indígenas en cada uno de los países, los Estados han pactado una acción conjunta que describe las acciones, compromisos y realidades a mejorar en relación con los pueblos indígenas de la región. Esta estrategia, que orienta el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) se denomina Cambiar Con Sabiduría: Definiciones Y Lineamientos Estratégicos Para El Período 2017 – 2027.
Cambiar con sabiduría: definiciones y lineamientos estratégicos para el período 2017 – 2027
Este documento constituye una hoja de ruta con los hitos fundamentales que trazan las acciones para que el FILAC pueda organizar sus recursos humanos, técnicos y financieros, optimizando el logro de los objetivos y finalidad para las que ha sido creado. Cabe aclarar que, a pesar de los positivos cambios legales, la región sigue mostrando una gran carencia de políticas públicas inclusivas e interculturales, que, como consecuencia principal, siguen reproduciendo condiciones de pobreza, exclusión y marginalidad en el común de la vida en Iberoamérica.
Por ello, el FILAC presenta un mapa estratégico concreto concebido en el periodo de tiempo del 2017 al 2027, donde se priorizan áreas a trabajar, que se espera puedan contrarrestar estos escenarios. Los ámbitos de actuación son:
• El Programa de Diálogo y Concertación, que promoverá y profundizará procesos de diálogo nacionales e internacionales tendientes a definir, construir e implementar políticas públicas de relaciones paritarias, coherentes con el reconocimiento y protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas (Pág. 23).
• El Programa de Desarrollo Económico con Identidad apoyará el diseño e implementación de procesos e iniciativas promotoras de desarrollo con identidad enfocado al Buen Vivir – Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, coherentes con el reconocimiento y protección de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas (Pág. 24).
• El Programa de Educación para la Equidad promoverá procesos de formación, investigación, construcción, sistematización y difusión de los conocimientos, saberes y tecnologías propias para hombres y mujeres indígenas desde epistemologías y metodologías ancestrales e interculturales a través del diálogo horizontal de conocimientos y saberes. También buscará incidir en las instituciones estatales, para la producción de conocimiento bajo condiciones paritarias para la transformación de los Estados, es decir, producir conocimiento para la interculturalidad (Pág. 25).
En estos ámbitos, se espera impactar de manera prioritaria a mujeres y jóvenes indígenas. Estos últimos, definidos como públicos clave de del Fondo.
Por lo mencionado anteriormente, y haciendo hincapié en este documento base, es importante mencionar las estrategias por país de la aplicación de la Agenda 2030 en Iberoamérica para entender la alineación de con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Plan de acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en Antigua, Guatemala el 5 de Abril de 2018, establece en su Objetivo Específico 2, “el incluir la perspectiva de los pueblos indígenas, con especial consideración de las mujeres y jóvenes, en planes nacionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS” (Pág. 2) . Por ello, es de especial importancia exponer los avances en esta materia.
Agenda 2030 y cumplimiento en Iberoamérica
La Agenda 2030 tiene como principio rector el “NO DEJAR NADIE ATRÁS”. Por este motivo, las agendas de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han transformado para dar mayor visibilidad a los grupos que han sido tradicionalmente excluidos, dentro de los cuáles se encuentran los pueblos indígenas. Cabe destacar que son las adolescentes y jóvenes indígenas quienes experimentan con mayor intensidad desigualdades de género relacionadas con abuso sexual, embarazo en adolescentes, trata de personas, muertes maternas, femicidios, entre otras (UNDAF PANAMÁ)
Dentro de las acciones que se han tomado para este propósito, se encuentran la estructuración de políticas públicas, el fortalecimiento de los organismos de información y recolección de datos, la fundación de organismos especializados, el fortalecimiento del aparato gubernamental y de las entidades encargadas del seguimiento, evaluación y cumplimiento de los derechos por país, entre otros.
Por esto, es de gran importancia conocer la situación regional respecto a los fenómenos complejos relativos a las personas indígenas de los países de Iberoamérica que se han incluido en las Agendas de Cumplimiento de la Agenda 2030 por país.
Uno de los principales enfoques relacionado con la protección de los derechos de los pueblos indígenas es la articulación de diferentes organismos en la recolección de información adecuada. Por ello, es prioritario generar capacidades para la gestión de conocimiento de los territorios y la promoción de la participación de las poblaciones indígenas en los procesos de toma de decisiones.
Así mismo, se resalta la necesidad de impulsar acciones a fin de contribuir a la explotación de los suelos de manera sostenible, al tiempo que se respetan los espacios sobre los bosques que habitan y prevén el bienestar a las comunidades indígenas. Con esta estrategia, no solo se busca que la economía nacional sea competitiva y sostenible a los estándares de mercado internacionales, sino que igualmente se enfoca el bienestar poblacional sobre el derecho equitativo de propiedad sobre la tierra. Para ello, se prioriza la generación de cadenas de valor, manejo sostenible de los paisajes productivos y la incorporación de todos los actores del desarrollo. La anterior gestión está relacionada a los grupos Interagenciales tanto de los ministerios nacionales, como de los planes estratégicos de ordenamiento territorial.
Al tiempo, no solo es importante en términos de derechos, sino también de participación, ya que se presenta como una herramienta importante a la inclusión de las comunidades en las dinámicas que se gestan desde el gobierno nacional y que competen a todos los ciudadanos. Por ello, es importante que se aumenten los esfuerzos para mejorar la gestión forestal e incrementar el acceso a servicios básicos y la inserción de pequeñas economías aborígenes a las dinámicas de mercado que fortalezcan múltiples áreas nacionales conjuntas. Acción que se encuentra presente y visible en los esfuerzos de país destinado a estos objetivos.
En adición, las agendas se estructuran respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas de ellas que se encuentran más relacionadas con el cumplimiento de derechos indígenas y son resaltadas en programas específicos a este respecto. Los objetivos que se destacan de mención indígena son: el ODS 2 “Cero Hambre”, ODS 4 “Educación de Calidad”, ODS 10 “Reducción de las Desigualdades” y ODS 16 “Paz y Justicia para todos”.
El ODS 2 que establece un mundo con “Cero Hambre”, que se puede explicar aunado al ODS 10 “Reducción de las desigualdades” son una prioridad a los objetivos trazados para el 2030. Una población que tiene hambre es difícil que progrese en los demás espacios de derechos. Por ello, como prioridad respecto al desarrollo inclusivo y sostenible, de producción y consumo de productos agrícolas e industriales, se encuentran las estrategias que han sido adecuadas a las necesidades de los pueblos indígenas. Dentro de ellas, se encuentra aumentar el potencial productivo con valor agregado mediante un desarrollo industrial equilibrado y sustentable que logre una oferta exportable diversificada, resguarde la seguridad alimentaria y apoye a los pequeños y medianos productores y trabajadores rurales mediante el incremento de sus ingresos y la mejora de su calidad de vida favoreciendo el arraigo. Con esta meta se busca aprovechar el reconocimiento nacional y la visibilidad de nuevos colectivos económicos para brindar abastecimiento en todos los derechos básicos de calidad, y combatir la inequidad.
El ODS 4, denominado “Educación de Calidad” establece que de aquí al 2030 se pretenden eliminar las disparidades en la educación con un enfoque de género, para asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, dentro de las que se considera el colectivo indígena. Los países consideran de especial atención el brindar infraestructura y condiciones adecuadas para el acceso a una educación formal de calidad a todos. Por eso, entendiendo las necesidades especiales que suscitan las comunidades indígenas, como lo es la adaptación de los conocimientos a sus lenguas nativas, o incluso la previsión de estructuras de escolaridad cercana a sus lugares de asentamiento, es una de las prioridades de las agendas de país para el verdadero cumplimiento de un país con libre acceso a la educación. Dentro de las estrategias son concebidos tanto la primera infancia, los estudios secundarios, los jóvenes y el acceso a educación terciaria, y los maestros tanto indígenas como no indígenas.
Finalmente, el ODS 16 “Paz y justicia para todos” es un objetivo que se destaca en el cumplimiento de los pueblos indígenas, ya que la promoción de un Estado de derechos en los planos nacional e internacional permite garantizar el acceso a derechos de todos. Por eso, este objetivo promete garantizar la adopción en todos los niveles de decisión inclusivas, participativas y representativas, de marcos de acción especializados a responder a las necesidades de estos colectivos. Por ello, alineado a planes de gobierno, se impulsa la participación política, respetando las particularidades de los métodos de gobernanza en el territorio, para que se junten los esfuerzos y se promueva un liderazgo local garante de derechos sin condición.
Para finalizar, la siguiente información forma parte de los esfuerzos de los organismos internacionales alineados al cumplimiento de derechos, para dar visibilidad a los esfuerzos de los Estados para el cumplimiento de estos. Estamos comprometidos con la protección de los derechos de todas las personas. Por eso, debemos conocer, celebrar y entender la existencia de estos marcos de acción, y alinear las acciones con las metas del 2030.
Bibliografía
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Datos libres de acceso del Banco Mundial. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/
FILAC (2017. CAMBIAR CON SABIDURIA: DEFINICIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO 2017 – 2027.
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Disponible en:
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República de Panamá. Marco de Cooperación para el Desarrollo 2016-2020.
Disponible en: http://www.onu.org.pa/media/documentos/UNDAF-2016-02.pdf
Foto de: Angélica Cuadros Garzón “Angélica CG”.